“Este año va a ser una catástrofe” repiten los agricultores de la cuenca del Maule, ya declarada en emergencia agrícola desde el 26 de agosto. Es suficiente mirar a la cordillera para darse cuenta que este año casi no nevó, y todos aquí reconocen la dramática señal de alarma: la nieve en altura funciona como reservorio de agua para el verano, su déficit en el Maule actualmente es del 69% con respecto al promedio de los últimos 30 años.

La Dirección Meteorológica de Chile afirmó que el mes de julio pasado fue el más cálido en los últimos 72 años, Chile vive su peor sequía en seis décadas y se ubica en el puesto 18 de las naciones con mayor estrés hídrico en el mundo: el 23% territorio nacional sufre algún riesgo de desertificación según la CONAF.

La laguna del Maule en peligro

La laguna más alta en la región del Maule se ubica sobre los 2 mil metros de altura. Históricamente recibía los deshielos de la precordillera y alimentaba el río en la temporada estival, cuando su caudal se reduce y los campos necesitan más riego. Sin embargo, desde 2010 la laguna no ha vuelto a llenar su tercio superior y su preservación es una de las mayores preocupaciones en la región. 

Con 200 mil hectáreas de predios agrícolas cultivados y 13 centrales hidroeléctricas instaladas, la cuenca del río Maule es la tercera más grande del país. Es, también, escenario de un conflicto por el uso del agua que lleva una década. 

El 17 marzo pasado, después de ocho años de litigio judicial, la Corte Suprema volvió a reconocer la prioridad del riego por sobre la generación eléctrica en los usos del agua de la laguna del Maule, según las reglas ya previstas por el convenio estipulado en 1947. En ese entonces la empresa estatal Endesa negoció la ampliación del embalse que la Dirección de Riego estaba realizando con el financiamiento de los agricultores. El convenio le garantizó la posibilidad de aprovecharlo para generación de energía, planeando a futuro la construcción de una hidroeléctrica: la central de pasada de 150 MW Los Cóndores, proyecto iniciado en 2013, que pasó en manos de Enel en 2016 y actualmente se encuentra en la etapa final de su construcción. 

En el convenio quedaba claro que Endesa podría utilizar las aguas de la laguna del Maule “sin alterar el desarrollo propuesto para el riego”. Así el volumen del embalse se dividió en tres partes y se definió que, cuando el nivel del agua se encuentre en el tercio intermedio, los regantes tienen a disposición el 80%, dejando solo el 20% a la generación eléctrica. Sin embargo, estas reglas se volvieron problemáticas cuando, por consecuencia de la sequía, la laguna del Maule empezó a tener menos agua. 

En mayo 2012, cuando ya había sacado su 20% de la porción intermedia del embalse, Endesa recurrió a la Corte de Apelaciones de Talca para volver a abrir las compuertas. Su argumentación se fundaba en una reinterpretación del artículo 8 del convenio; allí se define que el agua entregada al río por Endesa desde la laguna Invernada, donde tiene un embalse propio, sea considerada una economía que la empresa podrá extraer desde la laguna del Maule, siempre y cuando esté en su porción superior.

“Endesa llegó a sacar 40 millones de metros cúbicos y ese hecho provocó que nosotros los agricultores diéramos la primera gran pelea de la cuenca, que incluso nos llevó a tomarnos la Corte de Apelación de Talca”, explica Fernando Medina, hasta el año pasado presidente de la Asociación Agrícola Central, que lideró esa y las siguientes batallas contra la hidroeléctrica. 

Para dirimir el conflicto sobre la interpretación del art. 8, en 2013 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició un juicio de mera certeza que, entre altibajos, duró hasta marzo pasado.

A finales de 2015 Endesa trató de detenerlo firmando un acuerdo con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la institución que mantiene el manejo de la laguna del Maule en manos del Estado. El nuevo convenio volvía a reconocer las economías de la laguna Invernada a Endesa y además, poniendo de acuerdo las partes, desestimó el juicio iniciado por el Fisco. Pero la flexibilización necesitaba la ratificación del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a cargo de Alberto Undurraga, quien el 11 de enero 2016 paró el acuerdo, argumentando que no había sido informado sobre el disenso de una parte del mundo agrícola. 

Entre quienes, al contrario, lo auspiciaban, se encontraba la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM), organización reglamentada en el Código de Aguas, que reúne los usuarios de la cuenca, administra el agua entre sus miembros y comunica con la DOH para que sea distribuida. Sin la flexibilización “los más perjudicados seremos los regantes” afirmaba el nuevo presidente Carlos Diez Jugovic, elegido en junio 2016, cambiando rotundamente estrategia con respecto a los anteriores. 

La Junta se declaró muy satisfecha este año por el fallo de la Corte Suprema a favor del riego, sin embargo, entrevistado para este reportaje, Carlos Diez confirmó la eficacia de la flexibilización que, solo por el año 2015, alcanzó a realizarse. Según él, era una buena medida para recuperar agua en la laguna del Maule: “Hubo gente que se opuso, pero en los hechos funcionó, y hoy día se está usando un convenio de ahorro de aguas, firmado con Colbún y Enel (dueña del embalse Pechuenche), que tiene el mismo objetivo”, explica Diez.

Tiene una opinión distinta Alberto García Huidobro, que en 2016 fue parte del directorio de la Asociación Canal Maule, una de las organizaciones que conforman la Junta de Vigilancia. “Seríamos tontos en haberlo aceptado”, exclama referido al convenio de flexibilización: “Cuando estaba en el Gremio Agrícola Regional, analizamos el funcionamiento de la laguna de la Invernada: por un lado, Enel manejaría directamente la descarga desde su embalse” explica, mientras quien administra las compuertas de la laguna del Maule es la DOH, “y en segundo lugar, un 20% de ese embalse se pierde, porque tiene infiltraciones volcánicas”.

Una mala inversión

A pesar de las divergencias entre las distintas agrupaciones de agricultores y regantes de la cuenca, en algo están todos de acuerdo: el proyecto de Los Cóndores ha sido un gran error, porqué en el contexto de cambio climático actual no hay agua para hacer funcionar una hidroeléctrica tan grande, sea cual sea el convenio adoptado para repartirla.

La multinacional italiana Enel Green Power, que en 2016 compró a Endesa la central en construcción, pensaba poder inaugurarla en 2018 con un presupuesto de USD 400 millones, pero a finales del año pasado ya había invertido 897 millones y los costos siguen aumentando, mientras la puesta en operación apunta ahora a 2023. Según la agencia internacional de evaluación del crédito Fitch Ratings, el gasto total de la empresa será de USD 1.152 millones, dos veces y media la inversión prevista para el Plan contra la Sequía anunciado por el presidente Piñera a principios de septiembre.

Entre las dificultades que se sumaron en la obra, se destaca la perforación de la napa subterránea durante las excavaciones en febrero 2016, que provocó la inundación del túnel y llevó la empresa a descargar el agua con los desechos de los trabajos de construcción directamente al río Maule, acción que fue denunciada por la agrupación Defensores del Maule a la Superintendencia del Medioambiente. 

Además, la excavación de los 12 km del túnel de aducción de la central se demoró tres años debido a los derrumbes de materiales volcánicos de la cuenca que atascaron la máquina tuneladora de doble escudo utilizada para las faenas. El gerente general de Enel Chile Valter Moro afirmó en 2018 que fue necesario sumar una segunda tuneladora para acelerar los tiempos de realización de la compleja obra subterránea. Otro derrumbe causó la muerte de dos trabajadores en 2019 y la Inspección del Trabajo de Talca multó a la empresa contratista Ferrovial, que presta servicios a Enel, por 2 millones y 900 mil pesos chilenos, mientras la seremi de Trabajo, Pilar Sazo, enfatizó en el carácter reiterado de las faltas en los protocolos de seguridad de la empresa.

Las amplias excavaciones que van a intubar el río hacía la central se han realizado al interior de un gran complejo volcánico que en los últimos años ha despertado el interés científico de geólogos de todo el mundo por un récord mundial: como ha observado Sernageomin, el borde sur de la laguna del Maule se está levantando de 20-25 cm por año. En febrero de este año, la ONEMI volvió a establecer alerta amarilla para la comuna de San Clemente, como ya había ocurrido en junio de 2020, cuando empezó a manifestarse un aumento en la actividad sísmica, por frecuencia y magnitud, que no se había registrado en la última década.

Si a todo esto sumamos que, con la ratificación de la Corte Suprema, Enel agotó también la posibilidad de interponer nuevas apelaciones, no se ven opciones para que la hidroeléctrica pueda llegar a generar sus 150 MW de electricidad. La interpretación del tribunal al art. 8 del convenio de 1947, que sigue vigente, no deja dudas: en la actual condición de la laguna, la hidroeléctrica no podrá usar más del 20% de agua ni sumar economías con el uso de la Invernada.

“Los Cóndores representa una amenaza para la comuna de San Clemente”, avisa la nueva alcaldesa María Inés Sepúlveda Fuentes, que ya se opuso, como concejala en 2013, al convenio estipulado con Endesa donde la comuna recibía un aporte de 2.600 millones de pesos bajo “la condición que no se entorpezca de manera ilegítima el normal avance de los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico central Los Cóndores”. En ese entonces, Sepúlveda denunció el acuerdo que abría las puertas a la realización de la central, hoy día evidencia que “la empresa va a querer que funcione como sea, para no perder la inversión. La DOH podría ceder y entregarle la facultad de sacar el agua de la laguna del Maule hasta la reserva, que es el último recurso para la agricultura en caso de escasez hídrica”. Por esta razón, pretende empezar una mesa de trabajo “con agricultores, movimientos ambientalistas, personas vinculadas a la educación pública, con el objetivo de levantar una acción desde la base para empezar a proteger la cuenca de nuestro río Maule”. 

Paradojas de la gestión hídrica

“Se debe gestionar la cuenca, y no las aguas” afirma Claudio Reyes Hurtado, director del Plan Estratégico de Gestión Hídrica (PEGH) del río Maule. “Se requiere un trabajo conjunto, poniendo como propósito la recuperación y mantención de los cursos y cuerpos de agua”, explica. Se han desarrollado distintos PEGH en los últimos años, sin embargo estos planes no son vinculantes, además Chile no cuenta todavía con un Plan Hidrológico Nacional. Una posible solución que Reyes identifica es que “la actividad de planificación sea completamente participativa, adherida por todos los usuarios de la cuenca: Estado, gobiernos locales, usuarios directos e indirectos y la sociedad civil organizada, para que sea el conjunto de éstos quien impulse su implementación”.

En el caso de la laguna del Maule, “el cuerpo de agua ha sido gestionado pensando en la extracción del recurso, pero no en su sustentabilidad” sigue Reyes, “la solución se encuentra en los usuarios y la capacidad que tienen de llegar a acuerdos de uso” indica, y lleva el ejemplo el convenio de ahorro de agua implementado entre la Junta de Vigilancia y las hidroeléctricas en la laguna del Maule, donde “reservar aguas, recuperando sus niveles y aumentando los stocks disponibles a futuro, también beneficia directamente a la central Los Cóndores”. 

Si el objetivo es dejar que la laguna vuelva a llenarse, utilizando fuentes alternativas para el riego, los agricultores denuncian que Enel, por su lado, ha sacado su 20% del embalse por todo el invierno. Claudia Vasconcellos, hasta este año directora de la DOH, no contestó sobre el manejo de la compuerta para este reportaje, pero según la alcaldesa Sepúlveda “es obvio que no deberían utilizar este 20%, en absoluto, en un par de meses habrán sectores con los canales secos, que tienen cultivos al lado, animales muriéndose de sed”.

Además de la sequía, no hay optimización del recurso hídrico: la tecnificación del riego podría aumentar la eficiencia del 57% al 70%, con un ahorro de 361Hm³ por año, según el PEGH. Los problemas vienen también del directorio de la Asociación Canal Maule, cuya elección depende del número de hectáreas que posee cada votante. “Los mismos que son dueños de las hidroeléctricas, son dueños de los campos grandes”, termina García Huidobro, que pudo entrar en el directorio en 2016, sumando los votos de muchos agricultores, “y siempre logran mantener que a sus campos le llegue el agua necesaria”. 

A la Asociación le correspondería, en coordinación con la DOH, realizar las obras para incrementar la eficiencia de los canales, mientras que “en la comuna hay gente que no tiene agua potable y la traen con camiones aljibes” denuncia la alcaldesa, “el uso del agua no es eficiente, y del otro lado está el aprovechamiento y la explotación indiscriminada de estas grandes empresas”. 

El desafío de una mesa de trabajo para gestionar el uso del agua entre distintos actores es que sea nivelada. Sepúlveda termina indicando que los grandes propietarios “tienen que colocarse en el lugar de los campesinos que viven arrendando el terreno y los derechos de agua, pero tienen el mismo derecho de subsistir”.

“En la comuna hay gente que no tiene agua potable y la traen con camiones aljibes […] el uso del agua no es eficiente, y del otro lado está el aprovechamiento y la explotación indiscriminada de estas grandes empresas”

María Inés Sepúlveda Fuentes, alcaldesa de San Clemente.

*Imagen de portada por Cristian Silva.